Es uno de los principales activos de la izquierda mexicana; un hombre de sólidas y firmes convicciones; auténtico ideólogo y militante congruente. Pero en un área con perfil policiaco y ministerial simplemente está fuera de su hábitat.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población Alejandro Encinas Rodríguez podría hacer mucho por la Cuarta Transformación 4T, si le permitieran operar desde el partido o desde la Secretaría del Trabajo.
Pero como brazo social de la Secretaría de Gobernación su imagen y su papel se están diluyendo. Y máxime en una instancia que busca paliar la crisis de las desapariciones y las fosas clandestinas.
Frente a la catástrofe humanitaria en que está sumergido nuestro país no pueden existir otras prioridades más que contener la violencia y tratar de aplicar la mayor justicia posible.
El ejecutivo se ha enfocado en el combate a la corrupción, el saqueo al erario, los desvíos multimillonarios y los delitos patrimoniales. Son plausibles los procesos que se han entablado contra Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles Berlanga.
Pero, presidente López Obrador ¿Y los crímenes de Lesa Humanidad para cuándo?
El saqueo de 5 mil millones de pesos constituye un grave delito, pero no tiene comparación con la desaparición de miles de personas en Durango, Zacatecas, Veracruz, Morelos, Guerrero…
La corrupción debe perseguirse con todo el rigor. Pero hay un México que está esperando que se persiga con la misma severidad y firmeza a los autores de miles de desapariciones; que se procese a quienes cavaron cientos de fosas clandestinas y enterraron a ciudadanos inocentes, porque no pudieron pagar los montos de la extorsión o porque sus familias no tuvieron la cifra exigida como rescate.
México espera esos procesos. Pero no solo a quienes empuñaron las armas y cargaron las palas, sino también a los mandos policiacos, jefes militares y políticos que encubrieron esos crímenes.
Tal parece que se está olvidando que el gran reto es pacificar al país. Perseguir a Lozoya, Robles y los que se acumulen, puede crear una cultura de anticorrupción.
Pero si no se sientan las bases de una verdadera persecución a los criminales, este país seguirá en medio de un baño de sangre.
Toda organización delictiva tiene el respaldo de agentes policiacos, militares y políticos.
¿Quiénes son los funcionarios que se aliaron con cárteles y callaron ante las fosas del estado de Veracruz o ante las cientos de desapariciones reportadas en Coahuila?
Existen investigaciones que desnudan de manera brutal a la narcopolítica mexicana y revelan los nexos entre altos funcionarios y cárteles.
Desde 2017 docentes y estudiantes de la Universidad de Texas recogieron testimonios de ‘Zetas’ que fueron procesados en tribunales de Austin, San Antonio y Del Río. Ante jueces y jurados, los criminales señalaron directamente a Humberto y Rubén Moreira Valdez, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa por sostener nexos con el referido cártel.
Pese a que existen testimonios presentados ante instancias judiciales norteamericanas, ningún juzgado mexicano ha solicitado atraer esos documentos.
La narcopolítica se muestra campante y goza de cabal salud.
Los funcionarios cómplices de los grupos delictivos que desaparecieron y enterraron a miles de mexicanos, se regodean en completa impunidad.
Entre ellos el exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero quien fue el agente omiso ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El protagonista del desastre nunca ha sido requerido en el proceso penal correspondiente.
No debe olvidarse que ese fue otro de los compromisos de campaña del candidato AMLO: esclarecer hasta sus últimas consecuencias los hechos ocurridos en la noche de Iguala y para ello fue comisionado el Subsecretario Encinas Rodríguez.
Sin embargo, hasta el momento no se han presentado avances sustanciales.
El funcionario recorre todo el país en reuniones con colectivos que buscan a personas desaparecidas; pero no presenta resultados, ni soluciones en estado alguno. Su presencia es meramente protocolaria, pero de ninguna manera operativa.
A este paso los responsables de las masacres y las desapariciones nunca llegarán a los tribunales.
Es evidente que México carece de juristas capacitados y de instancias adecuadas para perseguir los crímenes de Lesa Humanidad. Frente a esto, se hace imperativo que el gobierno mexicano solicite, a través del Canciller Marcelo Ebrard, el formal apoyo de la Corte Internacional de La Haya.
Solamente así se podrá procesar a los responsables de esta catástrofe humanitaria. De lo contrario todo quedará en el olvido o bajo un amparo otorgado a modo por un juez federal.
Frente a los crímenes de Lesa Humanidad usted tiene la palabra presidente López Obrador.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com
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