Éste martes 29 la noticia que habrá de acaparar los principales titulares y los análisis de las columnas es el manotazo en las notarías entregadas por el morenovallismo. Se trata de un golpe histórico; un hecho nunca antes visto; pero sobre que todo que constituye el primer impacto real sobre la estructura del pasado régimen. Así debe leerse, como la primera medida contundente.
Aún faltan por ver los formales procesos penales contra aquellos exfuncionarios que lucraron con el erario estatal; sobre otros que abiertamente se aliaron con la industria criminal del huachicol y también sobre algunos que operaron y aún detentan una estructura tecnológica de espionaje político.
La era barbosista debe conducirse con la misma mano dura que ha mostrado la Fiscalía General de la República (FGR) para perseguir a los vástagos corruptos del peñismo.
Genoveva Huerta no tardará en salir a desgañitarse por la medida implementada por el gobernador Barbosa Huerta; pero todo quedará en una nota en interiores que nadie lee.
Generoso lector, no pierda de vista que algunos de los abogados afectados tratarán de interponer recursos legales ante la medida. Sin embargo, es poco lo que pueden hacer.
En una rigurosa observancia de la legislación, la gran mayoría de esas notarías fueron entregadas sin los requisitos que la propia norma jurídica establece. Fueron designaciones que no contaron con los requerimientos indispensables. Podrán interponer los recursos que quieran, pero de ninguna manera van a revertir una decisión que fue jurídicamente estudiada.
El manotazo ya fue dado y quienes recurran al recurso del pataleo solo se hundirán un poco más.
Pero en este momento el tema verdaderamente importante es la elección de un ombudsman para Puebla. Luego de un largo periodo en que la Comisión de Derechos Humanos fue una pantomima, una parodia, ahora existe la oportunidad de que Puebla tenga una verdadera, auténtica comisión que vigile y observe el respeto de este aspecto medular de la vida pública.
La gran polémica en este proceso interno ha sido la inclusión de Mónica Silva Ruiz, quien fuera una de las protegidas del morenovallismo, al igual que su esposo Héctor Sánchez Sánchez, el lamentable presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Como lo hemos subrayado en Cúpula la presidencia de Sánchez es uno de los periodos oscuros y vergonzosos de la justicia poblana.
A los lectores de la versión web les dejamos la liga a la historia de Lilia Rosana, la mujer tehuacanera a cuyo cuerpo se le practicaron dos necropsias por el burocratismo infame y grotesco impreso en el actual Tribunal.
Hace un año, el primero de noviembre de 2018 publicamos una entrega intitulada ‘Sánchez Sánchez y las dos necropsias de Lilia Rosana’, esta es la liga que ni siquiera leyó el magistrado.
Y ahora el matrimonio beneficiado por el morenovallismo quiere saltar a la 4T, colgarse de la era barbosista. Ojalá y los diputados del Congreso local no lo permitan.
Sin duda quien lleva mano en este proceso es el Doctor Germán Molina Carrillo, un académico con todos los requerimientos y además con la sensibilidad para conducir una institución del calado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Molina Carrillo desde hace décadas se ha revelado como uno de los activos sociales de Puebla, amén de ser considerado un jurista de amplia solvencia moral.
Los diputados deberán tener en cuenta a esta figura que puede llevar a la CDH a un nivel de humanismo y excelencia, que no se han visto en los últimos años.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com
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