Foto cortesía Cuartoscuro.
La salvaje vorágine de violencia que azota al país tuvo su origen en la falta de legitimidad política de Felipe Calderón y la corrupción de sus policías delincuentes. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas fueron los administradores del baño de sangre que hasta la fecha sacude al país. Fue con Calderón cuando iniciaron las masacres; México se cimbró ante los hechos de Villas de Salvárcar, Casino Royale, San Fernando. Hoy queda claro que sus jefes policiacos estaban al servicio del crimen organizado.
Desde sus tiempos como gobernador del Estado de México se sabía que Enrique Peña Nieto tenía nexos con grupos delincuenciales; de hecho el feudo del grupo Atlacomulco es tierra de nadie y zona en la que confluyen todos las organizaciones criminales del país. Ahí operan y cohabitan Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Zetas, Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Ardillos y un largo etcétera. Todos los criminales tienen como cocina al Estado de México.
Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto permitieron, toleraron y convivieron con las organizaciones criminales porque así convenía a sus intereses. Altos políticos, mandos militares y policiacos se vendieron por las enormes cantidades que los cárteles les entregaban.
Esta etapa de México con cientos de miles de homicidios, ejecuciones; con decenas de miles de desaparecidos; con cientos y cientos de fosas clandestinas en que las madres rascan la tierra buscando los restos de sus hijos; este México de las masacres sin razón y sin sentido, que van desde Villas de Salvárcar hasta los hechos recientes en Reynosa, es lo que en Cúpula hemos llamado el Holocausto Mexicano.
Se esperaba que la honestidad y moralidad que pregona López Obrador fuera la guillotina que segara todo lazo con la economía criminal.
Pero no. Nada de eso ocurrió.
En los hechos está demostrado que existe un narco-pacto; un acuerdo tácito; es decir un arreglo que no se expresa o no se dice, pero se supone y se sobreentiende.
El narco pacto quedó demostrado desde el 17 de octubre de 2019 cuando las fuerzas armadas liberaron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Meses después, el 29 de marzo de 2020, los mexicanos vimos una deferencia inusual e inédita cuando el mismo presidente de la República dejó a un lado la logística para ir a saludar de mano a María Consuelo Loera Pérez, la madre de Guzmán Loera. Horas más tarde en su conferencia de prensa reconocería que si iba a ayudar a la progenitora del criminal.
A Javier Sicilia y a la familia Le Barón nunca los ha querido recibir, pero a la madre de ‘El Chapo’ la fue a saludar hasta la camioneta.
El martes 6 de julio de 2021 pasará a la historia como la fecha en que Andrés Manuel exhibió su esencia, desnudó su pensamiento, se abrió completamente y mostró que no tiene la menor intención de enfrentar al crimen.
Lo que vendrá en los siguientes años será la etapa más cruda y salvaje de la guerra entre cárteles, mientras el Estado Mexicano permanecerá inamovible e inmutable.
En un alegato que pasará a la historia López Obrador afirmó:
“…Y están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir: ‘Es lo mismo de antes’. No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del ‘mátalos en caliente’, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos”.
El ejecutivo federal pretende cobijarse en un manto de moralidad, siempre con discursos de contraste con el pasado. Pero en los hechos continúan las masacres, las torturas, las desapariciones y la asociación delictuosa.
Los pobladores de Aguililla Michoacán han pedido en distintos tonos que el gobierno ejerza su autoridad.
Nadie le ha pedido que mate a los criminales “en caliente”; solamente le exigen que aplique la ley; que detenga a los hampones, que restablezca el orden en la zona, que libere las carreteras y accesos.
Pero en lugar de reestablecer el Estado de Derecho, el presidente convoca a los habitantes de Aguililla de la siguiente manera: “…qué bien que tenemos esta posibilidad de comunicarnos con la gente, porque yo estoy seguro que en Aguililla van a tenernos confianza y vamos a seguir con el diálogo hasta llegar a acuerdos, pacificar, no sólo Aguililla, todo el país, cuando se actúa de buena fe”.
Con discursos pretende que los pobladores de Aguililla acepten el flagelo, el azote del crimen organizado, mientras él sostiene su política de “Abrazos, no balazos”.
La diferencia es que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto eran crímenes por acción y ahora son por omisión.
López Obrador no entiende, no asimila que su indolencia e indiferencia contra el crimen organizado creará treinta ‘Genaros’ y cincuenta ‘Palominos’.
Hoy el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional tienen indicaciones precisas de no enfrentar a la delincuencia.
Por eso los criminales se pasean en convoyes de decenas de camiones con blindaje artesanal; por eso masacran a civiles inocentes como en Reynosa y hasta posan para los fotógrafos de la agencia Cuartoscuro mostrando su armamento.
Los cárteles ya le tomaron la medida al presidente de la República y lo que viene serán los años más crudos y más violentos en la historia de México.
Con la Cuarta Transformación el Holocausto Mexicano llegará a su tope.
Como siempre quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com
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